La Red de Investigadores del Banco Central (REDIBACEN) presentó los resultados de la investigación “Estimación del Costo Económico de la Violencia en El Salvador”, realizada por los economistas del Banco Central Margarita Peñate, Kenny de Escobar, Arnulfo Quintanilla y César Alvarado.
En el estudio se estimó que el costo económico de la violencia para el Gobierno, hogares y empresas salvadoreñas fue US$4,026.3 millones, equivalente al 16.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2014, año tomando como referencia para el cálculo, dada la disponibilidad de la información requerida.
La motivación para realizar este estudio surgió de la identificación que en 2011 el Banco Central junto a otras instituciones públicas y privadas del país y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en el marco del Asocio para el Crecimiento, realizaron sobre la violencia e inseguridad como una de las dos grandes restricciones al crecimiento económico de El Salvador.
Para la estimación del costo económico de la violencia los autores recopilaron información proveniente de registros administrativos y estadísticas oficiales de instituciones públicas, así como encuestas e investigaciones realizadas por universidades, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, etc.; también se consideró alguna información proveniente de artículos de periódicos.
La información anterior está referida a delitos como homicidios, robos, hurtos y daños a personas y empresas, gastos en seguridad privada, extorsiones, gastos en atención médico-hospitalaria y gastos en el funcionamiento de instituciones relacionadas a la prevención y combate de la violencia, personas migrantes por violencia, número de reos en el sistema penitenciario, producción por rama de actividad económica, entre otras.
Además se realizó la revisión de estudios previos en los que se estimó mediante diversas metodologías el costo de la violencia en el país en años anteriores a 2014, de los cuales se retomó para esta investigación la metodología empleada en el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2005, basada en la contabilización de los costos tangibles (directos e indirectos) de la violencia así como los costos intangibles, actualizando algunos parámetros y estimaciones propias según la naturaleza de la información y su disponibilidad.
Asimismo, se estimó la producción perdida o no realizada por las personas en edad productiva involucradas en hechos de violencia o que han migrado a causa de esta, y que por dichas razones han dejado de aportar al crecimiento económico del país; de igual forma se estimó la inversión no realizada por causa de la violencia.
Los principales resultados fueron que el mayor costo ocasionado por la violencia en el país es el de extorsiones y robo a personas y viviendas, que equivalen al 5.2% del PIB, seguido por el costo de oportunidad de la producción e inversión no realizada, con un porcentaje de 4.8% del PIB; por otra parte, los costos en salud asociados a la violencia representaron el 3.1% del PIB de 2014, los costos de instituciones públicas relacionadas a la problemática 2.3%, y los costos preventivos en seguridad privada incurridos por hogares y empresas 0.7%. Dentro de este último rubro, las empresas del sector servicios son las que realizaron el mayor gasto.
Los investigadores también compararon el valor monetario estimado del costo de la violencia con el valor de otras variables económicas del país, encontrando que este monto equivale al total de las remesas familiares, a la recaudación total de impuestos, es dos veces la factura petrolera y la mitad de los depósitos bancarios en el sistema financiero. Asimismo, el 45% de los US$4,026.3 millones estimado como costo de la violencia equivale al presupuesto gubernamental asignado a las áreas de salud, obras públicas, educación (incluida la Universidad de El Salvador), lo cual evidencia el impacto de la violencia como una limitante para el crecimiento económico del país.