La Red de Investigadores del Banco Central de Reserva (REDIBACEN) presentó este día los resultados de la investigación sobre “Nacionalización y privatización de la banca salvadoreña, efectividad y lecciones”, que estuvo a cargo del Lic. Juan Antonio Osorio, Senior del Dpto. de Investigación Económica y Financiera del Banco Central de Reserva.

Los bancos son entidades especiales cuyas funciones principales son: captar fondos de agentes (empresas, personas naturales, emisiones de valores), otorgar préstamos (hipotecarios, personales, empresariales; entre otros, administrar fideicomisos y otorgar avales. Transmiten la política monetaria y manejan los depósitos del público. La banca salvadoreña surge y se desarrolla ligada a la principal actividad económica. En los años 60, se desarrolla el nuevo marco para el sistema financiero,  surge la Junta Monetaria para la formulación de políticas financieras en los años 70.

En 1979, se implementó la ejecución de tres reformas estructurales: la Reforma Agraria, la Reforma en el Sector Financiero y la Reforma al Comercio Exterior. La Reforma del Sector Financiero, realizada en marzo de 1980, incluyó la nacionalización de las instituciones de crédito (bancos) y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAP). El principal problema que se procuraba resolver con la nacionalización de las instituciones financieras, era la inadecuada asignación del crédito.

El Estado se convirtió en el principal accionista. Se evidenció una mayor utilización de los servicios bancarios en relación al PIB durante la primera mitad de la década,  reflejando un crecimiento notable del crédito, pero este continuó asignado en su mayoría a las grandes empresas. Pero, a partir de 1985, los indicadores retrocedieron considerablemente hasta niveles inferiores a los del inicio de la nacionalización, mostrando la desintermediación financiera y fuga de capitales, asociados a la inestabilidad socio-política y deterioro de la economía, con la subsecuente generalización de los problemas de mora en el sistema bancario.

Después de una década de experimentar con el modelo de control gubernamental de la actividad económica, el Gobierno de El Salvador que inició en junio de 1989, decidió adoptar el modelo de libre mercado. El Programa de Saneamiento, Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero, tenía como objetivos básicos: a) Convertir el Sistema Financiero en promotor del Desarrollo, b) Sanear y Fortalecer las Instituciones Financieras, y c) Privatizar Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamos, a través la venta de todas las acciones que poseían tanto el Estado como el Banco Central, a los inversionistas privados, teniendo como propósito principal lograr una amplia base de accionistas, y que se proporcionaran mejores y mayores servicios a la comunidad y se brindara a los empleados bancarios mayores oportunidades de superación.

Para realizar el saneamiento y fortalecimiento del sistema financiero, se emitieron bonos por un valor de ¢2,650 millones, equivalente a US$302.9 millones, de diciembre de 1990 a noviembre de 1993, y en diciembre de 2004. Los emisores fueron el Banco Central de Reserva, el Gobierno de El Salvador, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI). Los bancos comerciales utilizaron el 55% del monto para saneamiento y fortalecimiento del sistema financiero. Los registros de FOSAFFI muestran que la cartera saneada fue de US$209.2 millones, pero lo que no ha sido recuperación efectiva asciende a US$94.9 millones han sido dispensados por decretos.

A manera de conclusión, la investigación afirma que la nacionalización fue necesaria para dar soporte de reformas estructurales en el nuevo modelo económico. En este proceso requirió bonos por un valor de ¢204mm hasta 1985, el precio de las acciones experimentó revisiones y contrapropuestas, resultando en mejoras en el pago a ex accionistas. El crédito se amplió de forma limitada a sectores como la Micro y Pequeña empresa y Sector Agrario Reformado. Es importante mencionar que no se cumplió el objetivo de participación más amplia en la propiedad. Además, los nuevos sectores económicos terminaron financiados por la banca de origen estatal, justificando la existencia de una banca pública fuerte, con regulación ad-hoc a sus objetivos de desarrollo y disciplina financiera.

La investigación concluye que el Saneamiento y Privatización del Sistema Financiero fue necesario para resolver insolvencia, rehabilitar las Instituciones Financieras nacionalizadas y retornar a la propiedad privada del sistema financiero. El estudio revela que se utilizaron US$209.2 mm para Saneamiento, de los cuales el 39.2% fue absorbido por el Banco Hipotecario y el 17.2% por el Banco Agrícola y la cartera permutada por recuperar a mayo de 2018, se calcula en US$53.8 millones. Temporalmente se tuvo éxito en la democratización de la propiedad (21,506 accionistas) del sistema financiero. Además, la Banca extranjera benefició a usuarios del sistema y mejoró el gobierno corporativo pero expandió prácticas como el crédito al consumo en detrimento del financiamiento a empresas.

En cuanto a las lecciones que brinda el estudio, se menciona que la transparencia contribuye a valorar beneficios y costos de los procesos en la compra o venta de entidades públicas. Además, que la ampliación de la base de propietarios en los bancos no puede mantenerse por Decreto, pues la inversión depende más del capital disponible. Otra lección es que la banca estatal (y con participación estatal) es una fuerte opción para atender sectores excluidos del crédito, con fondos que pueden provenir de aportes del Estado manejados separadamente. Por último, el estudio afirma que las prácticas internacionales incorporan avances en regulación del crédito a personas relacionadas en el sistema bancario nacional.